Desviar el eje de la negociación de las diecisiete comunidades autónomas a Madrid es una vieja aspiración de las direcciones nacionales de los partidos. En la legislatura 2011-2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta y contaba con el apoyo de los doce gobiernos autonómicos del Partido Popular. Le daba igual una negociación centralizada en el Congreso de los Diputados o abierta a las regiones, pero no abrió el proceso porque en plena crisis económica no había dinero para satisfacer las pretensiones económicas de las comunidades autónomas. Ahora hay dinero gracias a los fuertes incrementos en la recaudación fiscal, pero el Gobierno está en una posición de debilidad en el Parlamento y tiene muy pocas complicidades en el mapa autonómico. La posibilidad de llegar a un pacto previo con el PSOE cumpliría tres objetivos: garantizar el respaldo parlamentario, tener una posición de fuerza ante los gobiernos regionales y retomar el tándem bipartidista para abordar otros asuntos que están bloqueados.

Excluidos el País Vasco y Navarra porque se rigen por un sistema arcaico basado en los fueros del antiguo régimen, el modelo de financiación pivotó sobre los gobiernos regionales por la especificidad del gobierno nacionalista de Cataluña. Sin los gobiernos de Pujol la financiación territorial se hubiera negociado siempre en el Congreso de los Diputados, introduciendo las correspondientes modificaciones en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, como en cualquier otra materia regulada por ley orgánica. El Gobierno nacionalista alteró la lógica institucional y el modelo se negoció con todas las regiones, limitándose las Cortes a dar el plácet. Cambiar ahora de método es imposible y, además, no creo que el PSOE esté por la labor ya que rebrotarían los problemas internos. En nuestro modelo territorial adquirieron tanta fuerza las comunidades autónomas que son imposibles de ningunear, como hace Cristóbal Montoro con los ayuntamientos.