Sin finalizar febrero, hay una mayoría parlamentaria que ya sabe lo que va a hacer el 8 de marzo, día elegido por el movimiento feminista para convocar una huelga general. Los desacuerdos entre los grupos de izquierda (PSOE, Podemos, IU) sobre el primer ciclo de Educación infantil, la oferta de empleo en la Sanidad, la gestión de los geriátricos públicos, la inversión presupuestaria, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y un largo etcétera, se tornan en acuerdo al verse compelidos a posicionarse ante el paro de las mujeres. Los tres partidos, que tienen una holgada mayoría absoluta en la Cámara, van a proponer en la Junta de Portavoces que se suspenda el pleno del Parlamento que se iba a celebrar ese día. La razón de la suspensión es facilitar la participación en el paro. Se equivocan. Si se desconvoca el pleno es imposible que las diputadas o los diputados hagan huelga. Si en cualquier empresa el propietario cierra las puertas los empleados no trabajarán, pero no es factible hacer huelga. La participación en una huelga es posible cuando hay dos alternativas: trabajar o no trabajar. Si la Junta General del Principado se queda sin actividad, por decisión de la Junta de Portavoces, los diputados se toman un día de vacaciones que es algo muy distinto a hacer huelga.