LAS PENSIONES, ROMPER LOS TABÚS
En ningún otro asunto como en el de las pensiones se ha evidenciado una mayor diferencia entre la sensibilidad de la opinión pública y la clase política. En los últimos años se han publicado miles de informaciones en los medios de comunicación, mientras nuestros representantes se limitaban a esperar la convocatoria del pacto de Toledo.
La preocupación por el futuro de las pensiones es muy elevada, pero el Gobierno se ha limitado a decir, por boca de Fátima Bañez, que está garantizado. Fuera de la propaganda de la ministra, solo hubo algunas consideraciones sobre el llamado, factor de sostenibilidad, introducido en las reformas de 2011 (PSOE) y 2013 (PP), sin que se haya podido concretar cómo afectará a las pensiones que se empiecen a cobrar en 2019, año elegido para activarlo.
En la sociedad hay consenso sobre la insostenibilidad del actual sistema de pensiones, así que el inmovilismo condena a las próximas generaciones a quedar sin pensiones públicas o a cobrarlas habiéndose reducido su cuantía a la mínima expresión.
Desde la llegada de Rajoy al poder, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se han retirado 77.437 millones de euros y endeudado el sistema público en 10.200 millones. Tomando como base el año 2011, el volumen de las pensiones ha aumentado en el 23,5%, mientras que los ingresos han disminuido en 20.000 millones. El déficit anual supera los 17.000 millones al año. A 31 de diciembre de 2017, el Fondo de Reserva tenía un saldo de 8.095 millones.
Escapistas
Ante esta realidad hay dos tipos de respuesta, negarla o reformarla. Los hay que solucionan el problema «elevando los impuestos a los ricos», y se quedan tan anchos. Pablo Iglesias abandera esa posición desde sus primeras apariciones en 2014, con motivo de la campaña de las elecciones europeas.
Pedro Sánchez, envidioso de no haber sido el autor de una idea tan brillante, ha propuesto, sin complejos, un impuesto a la banca para pagar las pensiones. De esa manera el capital financiero devolvería el dinero recibido del Estado para evitar la quiebra de Bankia y de otras entidades.
El PSOE ha precisado que con esa tasa se recaudarían 860 millones. Tal vez, Iglesias y Sánchez desconozcan que la factura de las pensiones se eleva a los 140.000 millones, así que con la tasa socialista solo se cubriría el 0,61% de la factura. Cuando se cotejan las cifras el discurso de la demagogia tiene un recorrido muy corto. Podrán poner un impuesto a la banca, pero que no nos cuenten que con él van a solucionar el déficit de las pensiones.
El escapismo también toma otras formas, como la de refugiarse en decir que la pensión es un derecho inalienable por el que cotizó el trabajador. Nadie lo duda, pero la caja está como está. El sistema público de pensiones español es el que da unas prestaciones más elevadas por cada euro cotizado, una verdad que no evita el hecho de que la mitad de las pensiones estén por debajo del salario mínimo.
Los hay que rechazan el debate esgrimiendo un prejuicio: las dudas sobre la solidez del sistema de pensiones provienen de los que quieren privatizarlo. Así no hace falta echar una ojeada a las cifras.
Soluciones
En su vejez, el profesor José Barea, uno de los mayores expertos en pensiones y Seguridad Social, recomendaba la subida automática de la edad de jubilación a los 70 años, y tomar en consideración toda la vida laboral del trabajador para calcular la pensión.
Es el momento de abrir el debate sobre el alargamiento de la vida laboral rompiendo el tabú de dar el mismo tratamiento a todas las profesiones y oficios. Los trabajos que implican esfuerzo físico no se pueden prolongar por encima de la edad fijada actualmente. Sería una barbaridad.
Distinta consideración merecen los millones de puestos de trabajo que se desempeñan delante de una pantalla de ordenador.
En Suecia, el primer ministro, Fredrik Reinfeldt, ha planteado subir la edad de jubilación a los 75 años. Han aprobado mecanismos automáticos de ajuste de la edad de jubilación en función de la esperanza de vida en Dinamarca (74 años), Holanda (71) e Italia (71). No consta que esos países piensen adoptar el modo de producción esclavista. En Asturias, hay muchos abogados que trabajan por encima de esas edades. Tampoco consta que se depriman.
Entre los expertos y los políticos se abre el debate sobre la necesidad de subir la presión fiscal para hacer frente al déficit de la Seguridad Social. No me refiero a la tasa a la banca, sino a cambios en el IRPF.
Es posible que se pueda retocar el gravamen en algunos tramos de renta –siempre que no se siga el ejemplo de Asturias donde salen peor parados los que ganan por debajo de los 20.000 euros–, pero antes de hacerlo creo que llegó el momento de romper otro tabú: la cobertura universal de los servicios públicos.
No es justo que la sanidad o la educación sean igualmente gratuitas para la familia de un multimillonario y para la de un trabajador en paro de La Calzada o de La Argañosa.
Por encima de determinada renta, por ejemplo, los 30.000 euros, habría que pagar un porcentaje progresivo por la utilización de los servicios públicos. Se ahorraría una gran cantidad de dinero que podría destinarse a financiar las pensiones.