El debate para derogar la prisión permanente revisable se realizó en el peor momento imaginable, cuando toda España llora la muerte del niño Gabriel Cruz, víctima de una de las acciones más execrables que quepa imaginar. El debate sobre la figura penal estuvo envuelto en la atmósfera emocional de los últimos días y con una tribuna de invitados ocupada por los familiares directos de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo, Mari Luz Cortés y Yéremi Vargas. Mantener la prisión permanente revisable significaba solidarizarse con los apenados familiares y apostar por suprimirla implicaba ser indiferente al dolor de los afectados por los abominables asesinatos. A partir de ahí, el Partido Popular y Ciudadanos tenían garantizado que ganaban imagen con el debate, aunque perdieran la votación, mientras PSOE y Podemos lograban derrotar las enmiendas del centro-derecha al precio de sufrir un desgaste ante la sociedad. Los nacionalistas se posicionaron a favor de la derogación, sin que esa postura conlleve el más leve coste ante su electorado. Los independentistas catalanes recibirán el aplauso de su gente por oponerse al PP, y el PNV mantuvo su postura histórica en contra de reforzar las penas desde los tiempos en que los primeros jóvenes etarras entraron en las cárceles españoles. En el debate destacó el rigor de Mikel Legarda (PNV) cuando criticó la prisión permanente diciendo que era «derecho penal exagerado». Y se fue al escaño con la cabeza alta. El debate estuvo lleno de descalificaciones, quedando los portavoces cubiertos de improperios. Eduardo Santos (Unidos Podemos) criticó la argumentación del PP y Ciudadanos, tildándola de «demagogia populista de extrema derecha». Hablando de demagogia, la palma se la llevó Juan Carlos Campo (PSOE): «sin esa ley vencimos a ETA y con esa ley murió Gabriel». Hay que estar muy fajado en debates parlamentarios para atreverse a pronunciar esa frase sin que le tiemble la voz. Qué vergüenza.

La oposición justificó su negativa a la prisión permanente por considerar que choca con el fin constitucional de las penas, de ser un instrumento de reinserción social. El Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre esta cuestión. Me parece no menos constitucional, y mucho más razonable, establecer cautelas ante la actitud reincidente de individuos que matan y violan. Si se hiciera un sondeo entre la ciudadanía sobre este asunto, se comprobaría que la calle y el Parlamento no están en la misma onda.