Para la tribu independentista, estos hechos, unidos a la imposibilidad de votar en el ‘Parlament’ a los tres candidatos (Puigdemont, Jorge Sánchez y Jorge Turull) que presentaron a la investidura presidencial, suponen un punto y aparte. La democracia española les ha ganado la batalla. El poder coercitivo del Estado ha funcionado a la perfección. Una lección para el nacionalismo catalán y para todos los amateur del independentismo que hay por la periferia del mapa de España. Violar la Constitución trae consecuencias graves. No obstante, la realidad es más compleja y no se agota en el encarcelamiento de los líderes del ‘Procés’.

Tras las últimas decisiones judiciales se han roto los canales de comunicación entre independentistas y constitucionalistas. Se ha pasado de no negociar nada a no dirigirse la palabra, como constataba Inés Arrimada en su última intervención parlamentaria. La estrategia independentista ha girado, y van a tratar de investir presidente a Puigdemont. Por si fallara esa opción, Jorge Sánchez ya ha renunciado a dejar el escaño y se ofrece como posible ‘president’ desde la cárcel de Estremera (Madrid). Las bases independentistas protagonizan las acciones más violentas de los últimos meses. El clima social y político pasa de lo malo a lo peor. La batalla de Cataluña terminará bien si se retorna al Estado autonómico. En caso contrario se enquistará el problema. Hay todavía muchas probabilidades de que se reconduzca la situación, pero hay más dudas que hace una semana. Si no sale investido ningún presidente en dos meses, Rajoy convocará elecciones autonómicas, y se corre el riesgo de que los independentistas no presenten candidaturas. En esa hipótesis, el nuevo Parlamento nacería deslegitimado. Y el problema quedaría enquistado. Las democracias funcionan cuando integran. Jueces y fiscales le han hecho un gran servicio a la democracia. Han actuado con la valentía que le faltó al Gobierno que está escondido tras la bandera.