La recaudación fiscal ha marcado un nuevo récord en 2017, alcanzando los 210.000 millones de euros, lo que supone un incremento de 12.000 millones sobre el año anterior. Para entendernos, el Estado tiene más dinero que en los tiempos del boom económico. Quiero hacer una consideración anexa sobre la recaudación para decir que sólo el dato bruto del total de los ingresos debería ser suficiente para que un sector de la clase política y del gremio periodístico dejara de dar la matraca con la «crisis económica que estamos viviendo». Pues bien, si a la recaudación récord sumamos que el próximo año hay elecciones europeas, autonómicas y municipales, tendremos ya elementos de juicio para entender que el Gobierno central ha tirado la casa por la ventana en el proyecto presupuestario.
Ya no hay miedo al déficit público –que está por primera vez encarrilado– ni al déficit creciente de la Seguridad Social. Cristóbal Montoro puede con todo. El ministro de Hacienda ha confeccionado un presupuesto en función de los votantes y para todos tiene un detalle. Las pensiones mínimas subirán el 3%, más de lo que había anunciado Albert Rivera (el líder de Ciudadanos habrá comprobado una vez más que el ministro le ha tendido una treta: «sal tú a dar los datos, que luego yo los voy a retocar»). Dos tercios de los pensionistas tendrán mejora en sus nóminas, muy por encima del 0,25% que marcaba la reforma de la Seguridad Social aprobada por Rajoy en 2013, cuando tenía mayoría absoluta. La gente que gana menos de 14.000 euros quedarán exentos de declarar el IRPF y los que ganen hasta 18.000 tendrán una rebaja fiscal. Por supuesto el famoso IVA del cine pasa del 21% al 10%. A partir de ahora Rajoy pasa a formar parte del lobby de la ceja. Los funcionarios tendrán un incremento del salario por encima del IPC. El Gobierno ha diseñado un proyecto de presupuestos que le reconcilia con los españoles. Si usted amable lector no encuentra una partida que le beneficie es que forma parte de esa minoría de ricos autosuficientes que no necesitan del paraguas del Estado, aunque la ley les obliga a financiar las subvenciones del Gobierno.
Capítulo aparte merece el análisis de las inversiones territorializadas, donde el País Vasco se va llevar la palma. El voto del PNV está más caro que el kilo de ‘campanu’ y Montoro está dispuesto a pagarlo. La política es esto. Hay un principio básico en economía que reza así: los agentes responden a los estímulos. Voto al que más zanahorias me da.