La Federación Asturiana de Concejos (FACC) se acaba de ver envuelta en una trifulca entre PSOE y PP por culpa del ambiente electoral que impregna la política española. El festejado acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la disponibilidad de gasto de los ayuntamientos ha dado paso a un agrio intercambio de opiniones entre socialistas y populares, con Ignacio García Palacio, militante del PSOE, alcalde de Navia y presidente de la FACC, y José Manuel Fernández, afiliado del PP, alcalde de Peñamellera Baja, y vicepresidente de la FACC. Para el primero, la interpretación del acuerdo realizado por Montoro es un engaño, mientras que para el segundo todo se trata de una campaña socialista contra el Gobierno. García Palacio dice que el Ministerio de Hacienda sigue poniendo trabas para gastar el dinero sobrante del anterior ejercicio, ya que solo podrán utilizar el superávit para unos objetivos concretos (compra de mobiliario urbano, compra de vehículos de la Policía Local, o en equipamientos culturales o deportivos). En conclusión, de los 100 millones que hay de superávit global de los ayuntamientos asturianos, no se podrán ejecutar más de 50. José Manuel Fernández sostiene que el Ministerio de Hacienda permite gastar en seguridad, incendios, educación infantil y primaria, o servicios sociales. En definitiva: mienten los socialistas. Fruto de tan inesperada desavenencia, los regidores del PP amenazan con abandonar la FACC «porque es un órgano más de la FSA».
En la controversia hay que distinguir dos aspectos. Uno de ellos está relacionado con la materia de la disputa: el margen de disposición de los alcaldes sobre el superávit. Como no estamos en presencia de un asunto estrictamente asturiano, sino todo lo contrario, sería bueno esperar a ver cómo juzga la FEMP la interpretación del acuerdo realizada por Montoro. Esta es la postura defendida por Mariví Monteserín, alcaldesa socialista de Avilés, que me parece totalmente acertada. Esta semana se va a reunir la FEMP y tendremos una paralaje de miras más amplia sobre la cuestión.
El otro aspecto tiene que ver con el cruce de acusaciones. García Palacios manifestó que sus declaraciones fueron realizadas como alcalde de Navia, no como presidente de la FACC. En la práctica es muy difícil hacer esa disociación; ahora bien, la postura del PP no es de recibo, porque recurren a la amenaza para poner la mordaza.