En su día, el Parlamento asturiano se posicionó, por unanimidad, en contra de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), configurada desde la Sindicatura, donde constaba que el acceso a las plazas sería por concurso restrictivo. Ni el dictamen de los letrados de la Junta General del Principado ni la voluntad del cien por cien de los diputados de la Cámara, en contra de restringir la convocatoria de acceso, ha servido para que Avelino Viejo cambiara de opinión, así que ahora debe asumir la censura realizada por la mayoría del Parlamento. Le toca dimitir y deberían entenderlo así, tanto él como el Gobierno socialista y el grupo parlamentario que lo respalda.

La Sindicatura de Cuentas ejerce un control de legalidad y oportunidad sobre todos los entes del sector público asturiano. No es de recibo que los métodos internos utilizados por el organismo controlador sean más censurables que los aplicados por los entes que están bajo su vigilancia. La forma de proceder de la Sindicatura debería ser lo suficientemente cautelosa como para no verse desautorizada por sentencias del TSJA. ¿Con que autoridad moral va a amonestar la Sindicatura en sus informes a cualquier ayuntamiento o sociedad pública del Principado, cuando la provisión de puestos en su propia plantilla ha quedado anulada por los tribunales? Avelino Viejo ya ha disfrutado de los dos mandatos que puede ejercer como síndico mayor, así que ahora debe aprovechar el varapalo judicial para dejar el cargo. No pasa nada. No se produce ningún seísmo en la Sindicatura porque el principal responsable de la institución se vaya para casa. Al contrario, es un proceder muy saludable para el sistema.