Aunque predomine el gusto por el relato de brocha gorda, lo que el tribunal alemán ha hecho es decidir que en el delito de alta traición, recogido en su código penal, no encaja la conducta de Puigdemont. Solo eso. En Alemania no hay delito de rebelión. La figura penal más cercana es el delito de alta traición, que requiere de unas dosis de violencia superior a la apreciada en la actuación del expresidente, según el tribunal. La Fiscalía alemana no lo veía así y pedía la extradición por alta traición. Como es lógico, prevaleció la opinión del tribunal. Su decisión restringe los delitos por los que se le puede acusar en España, pero no queda libre de polvo y paja, al contrario, sigue habiendo base penal para pedirle pena de prisión.

Desde una perspectiva política hay que distinguir entre el revés recibido por nuestro Tribunal Supremo, con el inesperado desaire alemán, y la actitud de los gobiernos europeos que cierran filas con España y no quieren saber nada de la causa del ‘procés’; máxime, tras la estatura moral, política y personal que demostraron los independentistas, rematada con la demencial gestión que están haciendo del periodo postelectoral. Ahora bien, la decisión judicial alemana debe obligar a Rajoy a salir del burladero al centro de la plaza. Ya está bien de refugiarse en jueces y fiscales sin dar la cara. La aplicación del artículo 155 debería ser suficiente para doblegar a los levantiscos, pero Rajoy ha optado por una versión descafeinada sin ejercer el poder que le otorga la Constitución. Un presidente no puede encogerse de hombros.