Hay un sector del PP que apuesta por la resistencia, y en caso de salir victoriosa la moción de censura, pasar a liderar la oposición desde el Parlamento, zahiriendo a Ciudadanos por aliarse con el PSOE. Esa estrategia beneficia a Cifuentes que seguiría en la batalla política, pero no le conviene ni a Rajoy ni al PP. Lo más lógico es repetir la solución aplicada en Murcia, haciendo dimitir a Cifuentes y sustituyéndola por un diputado que no tenga manchas en el expediente. El PP retendría el poder y Ciudadanos ganaría imagen presentándose como la formación útil que limpia las instituciones de irregularidades y corruptelas.

Mientras aumenta la soledad de Cristina Cifuentes en la escena política, el estamento universitario hace un ejercicio penoso de corporativismo. En una reunión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), organismo en el que están representadas las 50 universidades públicas y las 26 privadas que hay en el país, su presidente, Roberto Fernández, declaró que «los políticos que dicen tener un máster y no lo tienen, deben dimitir». Duro y radical, como si fuese un líder opositor a Cifuentes. Ahora bien, cuando tocaba barrer la propia casa se atrevió a decir que la «honorabilidad de los trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no puede verse afectada por la presunta irregularidad de algún miembro de la misma». A eso se llama cerrar filas; trata de reducir al tamaño de anécdota minúscula un escándalo mayúsculo que sigue toda la opinión pública española. Un escándalo que sólo fue posible por el activo papel jugado por miembros de la URJC. Más que de presuntas irregularidades, debería hablar de presuntos delitos, ya que está hablando de falsedad en documento público. Y encima son funcionarios. La URJC no puede dedicarse a fabricar titulaciones amañadas para la clase política.