El pleno de la Junta General del Principado va a aprobar, esta semana, el crédito extraordinario de 111 millones de euros. El dinero ira, principalmente, destinado a cubrir los vencimientos de deuda y a cofinanciar proyectos del medio rural que cuentan con financiación europea. Los fondos de la UE nunca cubren el 100% de las necesidades de financiación de los proyectos, siendo inexcusable la aportación de las administraciones nacionales; si no se contribuye con dinero se pierde la cobertura financiera europea. Por esa vía dejaron de recibir los nuevos socios del Este europeo recursos que estaban dedicados a ellos. El visto bueno al crédito extraordinario aleja la imagen de colapso que dibujaba la consejera de Hacienda en el caso de que no se llegara a un acuerdo parlamentario. Las críticas de filibusterismo deslizadas hace quince días sobre las formaciones del centro-derecha, por no haber aceptado la tramitación exprés para la ley del crédito, se ve hasta qué punto eran ridículas. A la vista está que la responsabilidad más importante en el retraso para contar con los 111 millones proviene del Gobierno que estuvo tres meses mareando la perdiz para confeccionar el proyecto; y de sus socios que abordaron el crédito con la mentalidad del que negocia el presupuesto general del Principado, cuando se trataba de una cantidad cuarenta veces más pequeña. Es absurdo que se pongan los grupos de oposición a negociar el destino pormenorizado de las múltiples partidas englobadas en el crédito de 111 millones. Unas veces dejan pasar asuntos de mayor cuantía, sin apenas debate, y en otras, se ponen puntillosos sobre si 100.000 euros deben ir a un ayuntamiento o a otro.