DEFENDER LO NUESTRO
En la España de las comunidades autónomas todos los gobiernos regionales dan de comer a las empresas de su territorio. Las obras que licitan los distintos ejecutivos autonómicos se las llevan las empresas de construcción de la propia región. Se usa el sistema de concurso-subasta poniendo unas condiciones favorables para las empresas de casa que obtienen mejor puntuación y se hacen con los contratos. Los impuestos de los ciudadanos del lugar dan trabajo a los mismos que pagan los impuestos o a sus familiares, amigos o vecinos. No hay competencia abierta, ya que las propias administraciones ponen alambradas con pinchos para que los que vienen de fuera no se queden con riqueza del territorio. Este método contradice las leyes de la economía, pero les da igual. Mientras no se demuestre lo contrario, sólo los mercados de competencia perfecta aseguran precios asequibles para los consumidores y productos de mayor calidad. El Estado de las Autonomías no está pendiente de estas fruslerías, sino de defender el interés de cada territorio.
Por razones que se me escapan, Asturias es una rara excepción. Las licitaciones las ganan, frecuentemente, empresas de otras regiones o de otros países, para desesperación de las constructoras asturianas que ven cómo pierden todas las licitaciones fuera de la región y cómo sufren una dura competencia a este lado del Pajares. Para terminar con el agravio comparativo el Principado va a tomar unas sencillas pautas. Las obras que se hagan en nuestra región deberán respetar los convenios colectivos que rigen en Asturias. De esa forma, las empresas gallegas, castellanas, portuguesas o de otras comunidades que traen la mano de obra de sus territorios de origen no podrán acogerse a los bajos salarios que pagan para ganar las licitaciones del Principado. A ello hay que sumar que la competencia no se va a dirimir por el método de subasta pura y dura que favorece las bajas temerarias. En definitiva el Gobierno socialista toma medidas para que la pugna sea en igualdad de condiciones (los mismos costes laborales) y se eviten las bajas temerarias que son la antesala de los incumplimientos, los sobrecostes y la dilación de las actuaciones.
Hace casi cinco años la cúpula de la patronal de la construcción asturiana llevó un dossier al Principado explicándole lo que ocurría. Desde lo más alto del Ejecutivo se aseguró que se tomarían cartas en el asunto. Hubo cierres, despidos y, un lustro más tarde, el problema se subsanó.