Como en los mejores tiempos del ‘procés’, la actualidad catalana monopoliza la vida pública española con varios frentes. El juez instructor, Pablo Llarena, rechazó los recursos de los 23 investigados, manteniéndolos en prisión y confirmando el auto de procesamiento contra todos ellos por rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat, que preveía la investidura telemática del ‘president’. El TC tiene cinco meses para decidir sobre el fondo del asunto, siendo prorrogables si lo considerara necesario. El TC ha advertido al presidente de la Cámara y a los miembros de la Mesa que de no acatar su criterio incurrirán en delito. El Consejo de Garantías de Cataluña ya se había posicionado en contra de la reforma aprobada por la mayoría independentista del ‘Parlament’. Uno tiene la sensación de que esta película la hemos visto muchas veces: los independentistas retuercen la legalidad para adaptarla a sus deseos y los jueces les advierten que no pueden seguir por esa vía sacándoles tarjeta amarilla. Los dirigentes que hicieron caso omiso del aviso están en la cárcel o huidos en el extranjero.