AQUÍ HAY GATO ENCERRADO
La reunión del consejo de administración de Gijón al Norte tuvo un aire ceremonial, a tono con la aprobación del nuevo convenio que regula toda la operación del plan de vías y la extensión del metrotrén hacia el este y el oeste de la ciudad.
Como todo estaba ya negociado, el consenso reinaba en el salón de recepciones del Ayuntamiento hasta que llegó la hora de votar. «¿Alguien tiene algo que decir del convenio?» Inesperadamente, Mar García Salgado, directora general de Finanzas y Economía, levantó una mano para decir que tenía dudas, «me han transmitido que no hay suficientes concreciones».
Estupor general. Fernando Lastra empezó a parpadear más deprisa. Inmediatamente, se levantaron voces, a medio camino entre la sorpresa y la indignación, preguntándole qué más concreción quería pedir. Cuando se vaya ejecutando la obra se verá si surge algún imprevisto; el crédito del Banco Europeo de Inversiones cumple con todas las condiciones: cofinanciación del proyecto con aportación consensuada de las tres administraciones.
Abstención
Todas las manos se elevaron cuando se solicitó el voto a favor del convenio, menos García Salgado que la levantó, en solitario, cuando preguntaron por las abstenciones. Realmente inaudito: una bofetada para el consejero de Infraestructuras, proveniente de una directora general de la Consejería de Hacienda de su mismo gobierno.
Fernando Lastra le preguntó irritado, «¿será una abstención técnica, verdad?» Y ella le respondió que sí, que tenía carácter técnico. Una aclaración ridícula porque todos los miembros del consejo de administración tienen una representación política y sólo en calidad de tal, votan.
En una reunión de ese rango ningún alto cargo emite un voto personal. Nadie discrepa de su propio Gobierno sino es por orden, o con el apoyo, de su propio consejero. ¿Qué reservas tiene la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, con el convenio de la integración ferroviaria en Gijón?
En la víspera, en un diálogo entre altos funcionarios de las dos administraciones, desde el Principado mandaron un anticipo: «Tengo miedo de que haya problemas con Gijón al Norte».
ZALIA
No es la primera vez que en un proyecto estratégico para Asturias, la Consejería de Hacienda discrepa de otros consejeros del Principado y frustra la operación. Recordemos. Hace un año, la ZALIA necesitaba dinero para hacer frente a las expropiaciones de las fincas. Los propietarios habían reclamado una indemnización mayor, vía judicial, y los tribunales les dieron la razón. Ante la carencia de liquidez, sólo cabía la vía del crédito o de las aportaciones extraordinarias de los socios. En total, 1,85 millones de euros.
La entonces presidenta de la ZALIA y consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, comprendió pronto que la Consejería de Hacienda no estaba por la labor de dar el visto bueno al crédito solicitado por ZALIA. Llamó con urgencia al Ayuntamiento de Gijón, para que adelantaran la decisión con el objeto de presionar a Dolores Carcedo.
En sesión plenaria, el Ayuntamiento de Gijón aprobó el crédito, pero la Consejería de Hacienda redactó una resolución que no tenía desperdicio, en la que negaba el crédito, aconsejando que se presentaran alternativas que «no incrementen los costes financieros para la empresa y no empeoren la situación del Principado», para recomendar, a continuación, que se valoraran las aportaciones que pueden hacer otros socios, distintos del Principado y el Ayuntamiento de Gijón.
Con otras palabras, el Principado advertía que no aportaría ni un euro dejando la suerte de la ZALIA en manos de las autoridades portuarias de Gijón y Avilés.
Belén Fernández dimitió, ipso facto, y Fernando Lastra, el nuevo consejero, tuvo que seguir el plan impuesto por la Consejería de Hacienda, negociando con Íñigo de la Serna y José Llorca.
Una vez que la Consejería de Hacienda puso el veto, la suerte de la ZALIA quedó en función de la liquidez que aportaran los puertos para pagar las indemnizaciones (1,7 millones) y la venta de las parcelas para amortizar el crédito de 90,5 millones de euros que concedió un pool de bancos, y del que ha vivido la sociedad a lo largo de todos estos años, al carecer de ingresos.
En el presente, el pago de las indemnizaciones es un asunto muy delicado que cuelga de un papel tan fino como el papel de fumar. Vamos a dejarlo ahí.
Subestación
En cuanto a la venta de los terrenos hubo una noticia muy positiva, el verano pasado, con la oferta de Norsider de comprar una parcela de 28.000 metros cuadrados. La primera oferta en diez años.
Sorprendentemente, desde la ZALIA contestaron con dilaciones y rodeos. El precio del metro cuadrado baila de los 40 a 60 euros por metro cuadrado, de un día para otro. La clave es perder tiempo. En fuentes cercanas a la empresa se asegura que ya se ha descartado la inversión, «porque hay algo raro; un silencio muy extraño».
Es muy difícil vender parcelas de un polígono cuando carece de suministro eléctrico, fibra óptica y comunicación telefónica. Y llegamos al obstáculo vergonzoso: la subestación eléctrica que bloquea la venta de parcelas de la ZALIA.
En 2012 firmaron el convenio el Principado y EdP para poner la subestación. Las cosas iban bien, pero no sé por qué razón se paró. Unas veces dicen que la subestación exige una inversión de 11 millones, otras que nueve y, a veces, bajan hasta ocho. Un amigo mío, ingeniero jubilado del sector, dice, socarronamente, que depende si se contabiliza que la empresa compró ya las piezas o si no se contabiliza. El Principado no aporta un papel que le dé garantía a EdP de cobrar la factura. ¿Qué consejería paraliza el aval?
Mientras tanto, otro operador quiere comprar 100.000 metros cuadrados en la ZALIA. Descarto que vaya a trabajar a ciegas.