El debate sobre la cooficialidad no es económico. Es evidente que adaptar la Administración al modelo bilingüe costará un dinero, pero no creo que sea muy elevado. En una región que se mueve por el modelo de la subvención la cooficialidad no chirría. Ahora bien, si nos acogemos al sistema de inmersión lingüística, con decenas de miles de funcionarios autonómicos, municipales y estatales abandonando su trabajo para aprender a hablar con corrección la lengua asturiana –sin dejar de cobrar su sueldo–, la factura se eleva. Aun así, la dimensión económica del bilingüismo es un asunto menor dentro del debate de la cooficialidad.

El problema es otro. La cooficialidad de las lenguas regionales no fue en la España autonómica una medida de carácter cultural, sino profundamente política. Podía haber quedado en el estadio de la cultura, que es su esencia, pero fue impulsada por partidos nacionalistas que se sirvieron de ella para ganar poder territorial y descalificar a sus rivales. Ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Galicia hay una convivencia equilibrada entre el castellano y sus correspondientes lenguas vernáculas. Si alguien lo duda que cuente los colegios en los que la lengua vehicular de enseñanza es el castellano. Por si todo esto fuera poco, la deriva reciente de Baleares y la Comunidad Valenciana añade más preocupación. Que los médicos no puedan obtener plazas de médicos en la Seguridad Social por no saber la segunda lengua del lugar es un drama colectivo.

En Asturias puede ser distinto, pero los precedentes no son tranquilizadores. No basta con decir que la introducción del bable será amable, porque nadie puede garantizar lo que pasará dentro de cinco, diez o veinte años. Hay que hablar sosegadamente de ello y explicar los distintos proyectos. Y al final, la decisión tiene que ser entre todos votando en una consulta popular.