En la actualidad, hay un statu quo del que se suele deducir que no hay problema lingüístico en Asturias, lo cual no es del todo cierto porque hay una minoría militante que todos los años reclama la oficialidad del asturiano. ¿Qué hacer?

La máxima que se debe seguir es muy sencilla: se puede cambiar el actual status siempre y cuando no genere más insatisfacciones que lo que hay. En ese sentido, los que defienden la cooficialidad o el bilingüismo deben convencer al resto que es mejor lo que proponen que lo que tenemos. Para disipar temores y ahuyentar recelos no hay nada más equivocado que decir que se quiere una implantación ‘amable’ del asturiano. Utilizan la misma expresión que cien veces repitió el otrora lendakari, Juan José Ibarretxe, para que el Parlamento español diera luz verde a su plan de revestir al País Vasco con la forma jurídica de Estado libre asociado a España: «Propongo una relación amable con España». Para no perder el tiempo, los impulsores de la cooficialidad harían bien en descartar todo lo que suponga edulcorar la realidad. La cooficialidad de cualquier lengua supone obligaciones para la Administración, porque en caso contrario la cooficialidad no pasaría de ser un mero enunciado. Cooficialidad no es derecho a hablar, escribir, publicar, pleitear, etcétera, porque eso ya se puede hacer ahora en asturiano o en castellano. La cooficialidad supone una equiparación con el castellano, lo cual no deja de ser una operación artificial porque la sociedad emplea infinitamente más una lengua que la otra. En vez de actuar como «aprovechateguis» (Rajoy dixit) ante el cambio de postura del PSOE, mejor tratan los partidarios de la cooficialidad de convencer al resto, no vaya a ser que con el señuelo de aportar una solución creen, por primera vez, un problema lingüístico en Asturias.