Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celaá, ha comunicado que el Gobierno va a recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud. Un anuncio realizado con gesto de conquista histórica, como si en España estuviéramos en la misma tesitura que EE UU bajo la última Administración demócrata, cuando se aprobó la ‘Obamacare’. Lo que hace Pedro Sánchez es dejar sin validez un decreto de Rajoy, aprobado hace seis años, que vetaba la cobertura sanitaria a las personas que estuvieran en situación irregular. Dicho sin tapujos: los ‘sin papeles’. Aquella medida parecía muy contundente pero quedó aguada por dos causas; en primer lugar ya estaba contemplado en el decreto de Rajoy mantener la atención sanitaria para las mujeres embarazadas, los menores de edad y las urgencias ¿Qué pasaba? Los inmigrantes cuando se sentían enfermos acudían a los servicios de urgencias de los hospitales y allí los médicos los atendían, como se hace en todo país en que la convivencia no está dañada por prejuicios raciales.

La otra causa que dejó sin efecto la pretendida pérdida de la universalidad en las prestaciones fue la política adoptada por las comunidades autónomas que siguieron atendiendo a los inmigrantes, ya que tener a gente fuera del sistema público es un peligro para ellos y para el conjunto de la sociedad. Quizás el único punto interesante de la medida tomada por Rajoy consistía en el freno que suponía para el turismo sanitario, auténtica hipertrofia del sistema, por el cual los ciudadanos de la Europa rica (Inglaterra, Alemania, Bélgica) venían a España de vacaciones y se sometían a intervenciones quirúrgicas que en sus países no resultaban gratuitas.