El sector del PSOE más afín al Gobierno de Javier Fernández se lamenta que la FSA no realice declaraciones críticas sobre los planes lesivos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para los intereses de Asturias. El Principado discrepó abiertamente del cierre de las térmicas de carbón, formulado con desparpajo por Teresa Ribera, ministra de la Transición Ecológica, y esta semana han advertido al Gobierno central de que es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica negociado con todas las comunidades autónomas. La dirección de la FSA ha sido mucho más comedida al tratar estos asuntos. Es lógico que el Principado desee que el partido cierre filas en la defensa de los intereses asturianos, pero como Pedro Sánchez sólo lleva quince días en el palacio de la Moncloa sería un tanto insólito que la FSA levantara la voz para criticar. El Gobierno socialista tiene el menguado apoyo de 84 escaños, así que bastantes problemas tendrán para sacar adelante sus iniciativas como para que las federaciones regionales de su propio partido formen un frente opositor. Es muy pronto para una revuelta interna.
Lo más importante no es la reacción de la FSA a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, sino la propia sustancia de esas propuestas. En apenas unos días, desde Madrid nos han llegado cuatro malas noticias. El ya citado cierre de las centrales térmicas, en vez de esperar hasta 2030 para clausurarlas, como han programado la mayoría de los gobiernos europeos; el anuncio sorpresivo de la eliminación de peajes en las autopistas sin que el pago del Huerna sea eliminado; la revisión de los calendarios de construcción de las obras públicas en Asturias, lo que ya es un anticipo de inminentes retrasos; José Luis Ábalos es el primer ministro que se estrena en el cargo revisando los cronogramas de las obras. Por último, Pedro Sánchez señaló que no abriría la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque haría mejoras para todas las regiones. Falta al compromiso de revisar el modelo de financiación y abre la vía de la negociación bilateral, que permite dar un trato asimétrico a las comunidades autónomas. A unos las puede mejorar como cinco y a otras como cincuenta. No es descabellado pensar que las regiones pequeñas, como Asturias, Cantabria, Murcia o La Rioja, llevarán la peor parte, mientras que Cataluña, Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana saldrán beneficiadas. Resulta insólito que los catalanes pidan la quita de deuda y el Gobierno se calle.