EL SÍNDICO INAMOVIBLE
El intento de la oposición parlamentaria de forzar el cese del síndico mayor se ha convertido en una iniciativa testimonial al desengancharse IU del frente de partidos que buscaba descabalgar a Avelino Viejo de la Sindicatura de Cuentas. Los tres partidos que siguen adelante con la propuesta (PP, Podemos y Foro) suman 23 escaños y para destituir al síndico mayor hace falta una mayoría de tres quintos de la Junta General del Principado (27 escaños). IU ha justificado su cambio de postura en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que no aprecia que haya razones para solicitar el cese.
En este asunto hay que distinguir entre los argumentos jurídicos que han quedado expresados en el informe de los letrados y la sustancia política de la polémica. Desde el inicio del caso se vio que Avelino Viejo se sentía cómodamente instalado en su puesto, de modo que las críticas no le iban a impedir terminar su mandato; ahora bien, la oposición hizo bien en pedir la dimisión ya que es muy difícil de entender por los ciudadanos que un órgano fiscalizador que se pasa la vida criticando las contrataciones de personal que realizan las administraciones, reciba un varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la misma materia en la que se permite realizar reparos y admoniciones a los demás.
La oposición no podía quedar cruzada de brazos ante tamaño disparate. Del sentir general discreparon Ciudadanos y el PSOE. El posicionamiento de los seguidores de Albert Rivera no debe extrañar ya que tienen una trayectoria errática a lo largo de la legislatura que impide ubicarlos en unas coordenadas parlamentarias precisas, tan pronto cubren al Ejecutivo como se alinean con la oposición. Sobre el grupo parlamentario socialista hay poco que decir: en Avelino Viejo ven un miembro de su misma tribu y cierran filas con el síndico mayor como solo ellos saben hacer.
Hace mucho tiempo que la Sindicatura de Cuentas ha finalizado su fase de rodaje. Está muy lejos de responder a las expectativas levantadas cuando se constituyó. Entonces se decía que iba a cubrir una demanda que desbordaba al Tribunal de Cuentas, obligado a fiscalizar a todo tipo de entes administrativos del Estado. A lo mejor es que el Tribunal de Cuentas queda muy lejos y la Sindicatura demasiado cerca, el caso es que para los frutos que da no mereció la pena tomarse la molestia de constituirla. Antes de renovar a los síndicos, el Parlamento debería hacer un balance crítico sobre el citado ente.