Asturias despierta ante la amenaza que supone el plan de descarbonización exprés que baraja el Gobierno de Pedro Sánchez. CC OO levantó la voz para recordar que el 72% de la generación eléctrica asturiana proviene del carbón, de modo que una transición rápida hacia las energías renovables tendría consecuencias desastrosas para el empleo industrial. La Federación Socialista Asturiana (FSA) lanzó un aviso para navegantes, al señalar que si la transición energética no es justa con las personas y los territorios, «no aceptará ningún acuerdo».
En unas jornadas organizadas por la Fade sobre la descarbonización, el presidente de la patronal y otros directivos empresariales explicitaron los costes de la transición exprés. Belarmino Feito aseguró que la clausura de las térmicas de carbón llevaría a una nueva reconversión industrial, con grave riesgo de deslocalizaciones, ya que el suministro de energía supone entre el 20% y el 40% del coste de producción para las grandes industrias asturianas. El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón señaló que el cierre de las térmicas supondría un pérdida del 23% de los tráficos de El Musel y la entrada en pérdidas. Más tajante, aún, fueron Sáenz de Jubera (EdP), al afirmar que la renuncia a cualquier input implica elevar el precio de la energía, y Lapastora (expresidente de Carbunión) que señaló la compatibilidad entre mantener el carbón y bajar las emisiones.
En definitiva, Asturias tiene preparada una enmienda a la totalidad al discurso de Teresa Ribera, ministra fundamentalista de la Transición Energética. A ella le toca hacer un plan que contemple menos emisiones sin perder empleo y sin condenar a ninguna región. Es ministra de la energía, un cometido que va más allá de adaptarse al cambio climático. Es libre de tener prejuicios ideológicos, con tal de que no los traslade al Boletín Oficial del Estado.