La derrota sufrida por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ha servido para mostrar la precariedad en que se mueve el Ejecutivo. El asunto a tratar era el más importante desde la triunfante moción de censura, ya que consistía en poner los cimientos del proyecto de presupuestos para 2019, fijando el techo de gasto y acordando la deuda pública que pueden contraer el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para los dos próximos años. No se trataba de una bagatela, ya que estaba en juego la senda de reducción del déficit público que Bruselas controla con lupa porque España es el socio rezagado, y el modelo de cuentas para lo que queda de legislatura, con el incremento de gasto que necesita el Ejecutivo para contentar a las comunidades autónomas y cumplir con las variadas promesas realizadas.

Todo se vino abajo. Solo el PNV votó a favor de la propuesta del Gobierno. La izquierda y los catalanistas se abstuvieron, mientras el PP y Ciudadanos vapulearon al proyecto socialista que no llegó a contar con 90 votos a favor en una Cámara de 350 escaños. Al centroderecha le parece un error incrementar el gasto y subir los impuestos, y a Unidos Podemos le resulta insuficiente el incremento de gasto defendido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A Alberto Garzón, Txema Guijarro y compañía, un aumento de 6.000 millones les parece tan cicatero que daña al Estado del Bienestar. Por su parte los independentistas catalanes quieren un presupuesto más expansivo, con mayor diferencia entre gastos e ingresos, para que la Generalitat pueda endeudarse más y que acabemos pagando sus excesos los 46 millones de españoles.