Las previsiones económicas del Gobierno de Pedro Sánchez eran más expansivas que las realizadas, hace un par de meses, por el Ejecutivo de Rajoy. Los socialistas negociaron con Bruselas una dulcificación de la reducción del déficit público para el periodo de 2019-21, y de esa manera quedaba más dinero para que las administraciones públicas pudieran gastar. En conjunto, un incremento de 6.000 millones de euros, de los que cerca de 2.500 eran para las comunidades autónomas. A diez meses de las elecciones, ese dinero en mano de los gobiernos regionales se podría transformar en votos para el partido que gobierna.

Los ayuntamientos no salían favorecidos en el reparto, ya que el Gobierno prevé que tengan déficit cero durante esos años. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió a los alcaldes que modificaría la regla de gasto para que pudieran hacer uso del remanente que acumulan: 23.000 millones entre todos los ayuntamientos españoles; 500 de ellos corresponden a los consistorios asturianos. Gasolina electoral. Cristóbal Montoro había levantado un poco la mano, hace unos meses, y Montero prometió flexibilizar aún más las normas, cambiando la regla de gasto y redefiniendo el concepto de inversiones «financieramente sostenibles», un asunto que trae de cabeza a los alcaldes porque son muy pocas las inversiones que entran en ese capítulo y no pueden utilizar el dinero embalsado en el remanente.