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Juan Neira

LARGO DE CAFE

DISGUSTO PARA LOS ALCALDES

Las previsiones económicas del Gobierno de Pedro Sánchez eran más expansivas que las realizadas, hace un par de meses, por el Ejecutivo de Rajoy. Los socialistas negociaron con Bruselas una dulcificación de la reducción del déficit público para el periodo de 2019-21, y de esa manera quedaba más dinero para que las administraciones públicas pudieran gastar. En conjunto, un incremento de 6.000 millones de euros, de los que cerca de 2.500 eran para las comunidades autónomas. A diez meses de las elecciones, ese dinero en mano de los gobiernos regionales se podría transformar en votos para el partido que gobierna.

Los ayuntamientos no salían favorecidos en el reparto, ya que el Gobierno prevé que tengan déficit cero durante esos años. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió a los alcaldes que modificaría la regla de gasto para que pudieran hacer uso del remanente que acumulan: 23.000 millones entre todos los ayuntamientos españoles; 500 de ellos corresponden a los consistorios asturianos. Gasolina electoral. Cristóbal Montoro había levantado un poco la mano, hace unos meses, y Montero prometió flexibilizar aún más las normas, cambiando la regla de gasto y redefiniendo el concepto de inversiones «financieramente sostenibles», un asunto que trae de cabeza a los alcaldes porque son muy pocas las inversiones que entran en ese capítulo y no pueden utilizar el dinero embalsado en el remanente.

El pasado viernes, todos esos cálculos saltaron por los aires cuando el Congreso de los Diputados aprobó por una holgada mayoría el rechazo de las previsiones del Gobierno sobre la regla de gasto para 2019, la reducción del déficit público para 2019-2021 y la deuda pública de las administraciones públicas para ese periodo.

Tras el varapalo recibido por el Gobierno, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) teme que las promesas de María Jesús Montero a los ayuntamientos se las lleve el viento. No deben caer en el desánimo. Desde que en 2012 se reformó la Ley de Estabilidad Presupuestaria los ayuntamientos operan con restricciones.

Sabrán llevar la carga en los diez meses que quedan de mandato. Además, lo que es malo para los políticos no tiene por qué ser malo para los ciudadanos. Se dejarán de hacer inversiones, pero el déficit sigue embridado. El déficit de hoy es la deuda de mañana. No podrán seducir a los votantes con proyectos, pero las generaciones venideras agradecerán recibir la mochila ligera de cargas.

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por JUAN NEIRA

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