El consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, ha abordado un asunto espinoso: la cuestión de la inmigración. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, convocó a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Migración, un órgano que no se convocaba desde hace tres años. La idea del Gobierno es pedir un esfuerzo solidario a los gobiernos regionales para acoger a los 8.000 menores de edad que han llegado a las costas españolas sin la compañía de familiares. No se pretende realizar un reparto de cuotas por regiones, sino suscitar el compromiso voluntario de los gobiernos autonómicos con esta emergencia social. Los responsables políticos de las comunidades autónomas están a favor de la iniciativa pero desean que el Gobierno central aporte dinero.

Guillermo Martínez ha fijado la posición del Principado en línea con lo declarado por sus homólogos de otras regiones: acogida de menores con respaldo económico del Gobierno central. Me parece una postura totalmente acertada. La competencia sobre las migraciones corresponde al Estado. El Gobierno socialista cambió, por la vía de los hechos, la política del Gobierno frente a los inmigrantes. La traída del buque ‘Aquarius’ a Valencia fue el gesto más claro de la nueva política. Luego vinieron los agobios en Andalucía al quedar totalmente desbordados los servicios de acogida ante la llegada en aluvión de decenas, centenares, miles de personas provenientes de África. Llega el momento de pasar de medidas de urgencia a soluciones sostenibles.