MEMORIA DE LOS DESMANES
Dentro de la escasa producción legislativa de la Junta General del Principado en este mandato se va a incluir una norma impulsada por IU que llevará el nombre de Ley para la Recuperación Democrática en el Principado de Asturias. Un título genérico que en la práctica se concreta en una ley de memoria histórica que inventaría las barbaridades cometidas por el bando franquista durante la Guerra Civil y en los primeros años de la postguerra, y procede a reconocer la dignidad de las víctimas. Hago mención al nombre de la proposición de ley de IU, porque cualquiera que lo lea sin prejuicios se le ocurren otros muchos hechos trágicos a nombrar, distintos de los que recoge el articulado de la norma. Desde distintas ideologías y motivaciones se han realizado brutales atentados contra los derechos humanos en Asturias y fuera de Asturias. Una iniciativa legislativa como la que se impulsa en el Principado también se ha llevado a cabo en otras regiones. De hecho, la ley aprobada en Andalucía sobre esta materia parece que ha servido como patrón para que los diputados asturianos confeccionaran la suya.
En España hay una Ley de Memoria Histórica aprobada durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero que debería bastar para condenar lo que no se condenó en su momento y para resarcir a las personas y familias agraviadas. No obstante, no ha sido así. Nada más aprobarse la norma varias asociaciones memorialistas se mostraron muy críticas con la Ley de Memoria Histórica negociada por el Gobierno socialista con IU y los grupos nacionalistas. Posteriormente, el Gobierno de Rajoy, en plena crisis económica, no destinó recursos para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, lo que ayudó a devaluar la importancia de la norma. Ahora, a falta de un planteamiento normativo de carácter nacional, tenemos la versión autonómica, donde cada uno aporta su parecer, como si el franquismo hubiera sido un fenómeno regional, susceptible de ser parcelado por sus hechos y consecuencias. Acabo de leer la exposición de motivos de la ley española y de la proposición de ley asturiana, y me parece mucho más acertada la primera que la segunda, tanto en el fondo como en la forma.
La política de reconciliación nacional, impulsada por el Partido Comunista en los años cincuenta del pasado siglo, y seguida, luego, por la Iglesia Católica, ha sido el basamento de la democracia. La reconciliación sincera conlleva la dignificación de las víctimas. De todas las víctimas.