En España hay una Ley de Memoria Histórica aprobada durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero que debería bastar para condenar lo que no se condenó en su momento y para resarcir a las personas y familias agraviadas. No obstante, no ha sido así. Nada más aprobarse la norma varias asociaciones memorialistas se mostraron muy críticas con la Ley de Memoria Histórica negociada por el Gobierno socialista con IU y los grupos nacionalistas. Posteriormente, el Gobierno de Rajoy, en plena crisis económica, no destinó recursos para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, lo que ayudó a devaluar la importancia de la norma. Ahora, a falta de un planteamiento normativo de carácter nacional, tenemos la versión autonómica, donde cada uno aporta su parecer, como si el franquismo hubiera sido un fenómeno regional, susceptible de ser parcelado por sus hechos y consecuencias. Acabo de leer la exposición de motivos de la ley española y de la proposición de ley asturiana, y me parece mucho más acertada la primera que la segunda, tanto en el fondo como en la forma.

La política de reconciliación nacional, impulsada por el Partido Comunista en los años cincuenta del pasado siglo, y seguida, luego, por la Iglesia Católica, ha sido el basamento de la democracia. La reconciliación sincera conlleva la dignificación de las víctimas. De todas las víctimas.