EL PROGRAMA DE LA IZQUIERDA
Esta semana conocimos datos relevantes de lo que puede ser la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados. Podemos dio a conocer las propuestas económicas que va a negociar con el Gobierno. De que haya acuerdo sobre esas medidas depende que se aprueben los presupuestos de 2019 o queden prorrogadas las últimas cuentas de Rajoy.
El segundo dato fueron las declaraciones de la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, mostrando una gran sintonía con las medidas de Podemos porque, según ella, están reflejadas en el programa socialista. Adelantemos ya que entre las ideas de Podemos destacan la subida del IRPF a las rentas que excedan los 60.000 euros, una tasa a la banca, el endurecimiento del Impuesto de Sociedades, el aumento de la presión fiscal sobre las grandes fortunas, y cambios normativos como la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Por último, Hugo Alfonso Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, nos avisó, desde Castropol, que llega la fiscalidad verde para sustituir a «algunas figuras fiscales que han formado parte de la estructura central de la financiación durante décadas» (¿IRPF, IVA, Impuestos Especiales, IBI?). En concreto habló del consumo del agua y la generación de residuos. Morán también manifestó que veía con buenos ojos la penalización fiscal al diésel, para que los futuros compradores se lo piensen antes de comprar un coche convencional en vez de uno eléctrico.
Impuestos al alza
Una primera conclusión general pasa por constatar que la izquierda española considera que para hacer política hay que subir los impuestos. Cualquier coyuntura es buena para meter mano en la cartera del contribuyente. Esa afición por subir los tributos, o crear otros nuevos, tiene dos motivaciones: el intento de perseguir a los ricos (a partir de unos ingresos de 60.000 euros brutos anuales, todo el mundo se convierte en diana fiscal para la izquierda) y la idea de conseguir dinero como sea para financiar las múltiples y variopintas actividades de la Administración que van desde los sueldos de los médicos de la Sanidad pública hasta el avión oficial que desplaza a Pedro Sánchez para asistir a los conciertos de verano.
Vaya por delante que estoy firmemente convencido que sin una Hacienda fuerte y eficaz no hay Estado moderno. Ahora bien, antes de improvisar una revolución fiscal de circunstancias hay que valorar los efectos de las medidas que se quieren tomar.
En España está creciendo la recaudación fiscal desde que empezó la recuperación económica, así que no hay razón objetiva para aumentar la presión fiscal. En un área económica sin fronteras, como la Unión Europea, y en un contexto de globalización –pese a Trump–, cualquier aumento de la presión fiscal sobre la actividad económica produce el efecto de la huida de la inversión y la riqueza. Con menos inversión y menos capital se crea menos empleo o, directamente, se pierde empleo.
El mito de los impuestos a la banca o a las grandes corporaciones empresariales sólo sirve para que esas entidades trasladen la carga fiscal sobrevenida a sus clientes. La pagaremos usted y yo, estimado lector.
Lo mismo ocurre con la fiscalidad verde. El último botón de muestra es la penalización de los automóviles diésel que representan más de la mitad de los 33 millones de coches que tiene nuestro parque móvil.
Si se incrementa la imposición fiscal sobre el gasóleo, el efecto no es el aumento de la compra de coches eléctricos, como piensa Hugo Morán, porque en España las dificultades para la recarga desaniman hasta al más optimista, sino el aumento de la inflación. Por si no fuera suficientemente dañino el aumento del precio del petróleo en los mercados, llega la izquierda española y mete un porcentaje añadido en el surtidor para pagar gastos varios de la Administración pública, gestionada por ellos mismos.
En cuanto el aumento del Impuesto de Circulación para coches diésel tendrá efectos negativos sobre las empresas automovilísticas y la capacidad de gasto de los ciudadanos: menos compra-ventas y más caras. Si el Gobierno quiere impulsar el coche eléctrico que construya una red de electrolineras potente.
Los deberes
La actual izquierda española tiene unos niveles de maniqueísmo preocupantes. Antes de subir los impuestos y poner en peligro la recuperación, debe hacer un inventario de gastos públicos a suprimir. Hay muchos organismos, programas y partidas prescindibles. Le toca a Pedro Sánchez y sus aliados eliminar grasa. En vez de hacer más promesas de gasto para granjearse el apoyo de una mayoría social en las urnas, debe reflexionar sobre dos hechos que están relacionados.
La deuda pública está en máximos (1,16 billones de euros). Mil veces se anunció que se reduciría y no deja de aumentar. Dos: el problema de las pensiones es tan acuciante como cuando había manifestaciones multitudinarias en la calle. Parte del aumento de la deuda está en el déficit galopante de las pensiones. Como las deudas hay que devolverlas y las pensiones hay que pagarlas, toca recortar gastos para destinar el dinero a estos dos fines. No es un programa popular, pero es lo que necesita España.