Las siete comunidades socialistas apoyaron la propuesta de la ministra, María Jesús Montero, que también tuvo el respaldo de Cantabria, y en contra se posicionaron las cinco regiones gobernadas por el PP, así como Las Canarias. Todo esto está muy bien, pero si el Congreso de los Diputados rechaza las alegrías expansivas del Gobierno, el acuerdo del CPFF se diluirá como un terrón de azúcar en el café. En este asunto se juega la viabilidad del proyecto de Pedro Sánchez que se sustenta en 84 diputados socialistas, una base parlamentaria mínima para lograr el refrendo de una Cámara de 350 escaños. Si Podemos y los independentistas se abstienen, como ocurrió hace un mes, las bases sobre las que se apoyan los presupuestos para 2019 se vendrán abajo. Volver a proponer exactamente lo mismo que ya fue rechazado es un riesgo, el tiempo dirá si hace bien el Gobierno en asumirlo.

Las comunidades autónomas votaron en el seno de CPFF siguiendo la disciplina de partido. Si lo hubieran hecho en función de sus exclusivos intereses o gustos, todas habrían respaldado a la ministra. Con independencia del partido en que militen, los presidentes autonómicos tienen una irrefrenable tendencia al gasto que en años electorales se convierte en patológica. Jamás asumen la problemática del Estado y el déficit público les importa más o menos como a los sindicalistas. El nivel de deuda también les trae al pairo. Si la propuesta de Montero naufraga en el Parlamento, Asturias perderá la oportunidad de gastar 49 millones. Un drama para todos los que están acostumbrados a gastar más de lo que ingresan.