Para ganar apoyos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del que son miembros la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros autonómicos del ramo, el Gobierno dio un trato especial a Valencia, asumiendo la deuda de 350 millones de euros del Consorcio Valencia 2007, y refinanciando 1.000 millones de su deuda. Ximo Puig había dado orden de abstenerse en la reunión del CPFF en la que se votaba la propuesta del Gobierno sobre déficit público y deuda de las regiones, y Montero logró en una negociación bilateral con los valencianos que votarán afirmativamente a cambio de hacerles un regalo de 1.350 millones.
La ministra de Hacienda acaba de abrir la caja de Pandora. Valencia es la región que salió peor tratada con la implantación del actual sistema de financiación autonómica, pero eso no quiere decir que los territorios restantes estén suficientemente financiados o que no tengan reivindicaciones pendientes. Hasta ahora, las deficiencias de los modelos de financiación se trataban conjuntamente revisando las quejas o desviaciones registradas en todas las comunidades autónomas, pero ahora el Gobierno de Pedro Sánchez implanta la revisión bilateral dando un trato de favor a los valencianos que lo han celebrado con una alegría inusual, propia del que logra una ventaja inesperada negada a sus colegas. Toda la clase política valenciana está de acuerdo en que para ellos se trata de la mejor noticia de la legislatura.
En el tiempo que lleva de presidente, Pedro Sánchez realizó tres declaraciones sobre el modelo de financiación autonómica. La primera consistió en manifestar que abriría la negociación para consensuar un nuevo reparto de recursos con las comunidades autónomas. Posteriormente, señaló que aunque no se llegara a un acuerdo, estaba en condiciones de mejorar la cantidad de dinero que recibe cada una de las regiones. Por último, señaló que si los gobiernos regionales se ponían de acuerdo sobre un sistema de financiación, el Gobierno central lo convertiría en ley. La primera postura fue meramente protocolaria, pura formalidad. La segunda es la que considera posible, apoyada en el incremento de la recaudación fiscal. La tercera es un disparate, ya que el Gobierno no puede hacer dejación de sus competencias pasándoselas a los ejecutivos autonómicos ¿Abre Pedro Sánchez con Valencia la lluvia de maná que extenderá a otras regiones? A día de hoy solo podemos hablar de un inmenso agravio comparativo.