Al estar al frente del Gobierno de la nación, de ocho comunidades autónomas y un sinfín de ayuntamientos, la iniciativa política le corresponde a la izquierda (PSOE y Podemos). Si la política discurriera en una cancha de tenis, diríamos que la izquierda está en posesión del saque y al centroderecha le corresponde mantenerse a la expectativa e intentar devolver la pelota por encima de la red. Tres meses en el poder han bastado para percatarse de que Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo seducir al electorado de centro-izquierda que le había resultado esquivo en las dos últimas elecciones generales (diciembre 2015, junio 2016). Cada acto del Gobierno está cargado de simbolismo, de ahí la utilización del ‘Aquarius’ o el protagonismo dado al cadáver de Francisco Franco.

Podemos se adscribe a esa liturgia, aunque sospecho que envidian en secreto el don de Pedro Sánchez para el oportunismo. Pensaban, ingenuos ellos, que tenían el monopolio de la demagogia (ahora le llaman ‘populismo’). Junto a las anécdotas, el calendario político obliga a decidir sobre cosas importantes, como es el rumbo económico, sintetizado en una serie de variables bien conocidas: nivel de endeudamiento, techo de déficit público, etcétera. Una materia que Bruselas controla de cerca e impone condiciones que deben ser cumplidas.

Impuestos

Atados al guion de la política nominalmente de izquierdas, el Gobierno socialista quiere una política presupuestaria expansiva. Podemos es, aún, más ambicioso. Pretende la ruptura con la política ‘austericida’ y para ello quiere modificar o derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una demanda que no puede atender Pedro Sánchez porque supondría el inicio de una guerra con Bruselas, algo ya intentado por el Gobierno de Syriza, presidido por Alexis Tsipras, con resultado bien conocido. Es pronto para conocer la viabilidad de la entente entre PSOE y Podemos, pero a corto plazo parece que van a llegar a un compromiso a través de una política expansiva que ambos ansían, financiando el exceso de gasto con la subida de impuestos. El alza fiscal sería presentada como un acto de justicia concretado en un trasvase de recursos de los ricos al Estado. Como el electoralismo más ramplón preside la política del Gobierno, no tiene mucho sentido preguntarse si es necesario que los ciudadanos y las empresas entreguen más dinero a la Administración o si procede que el Gobierno sea más eficiente gastando el dinero que recibe. A estas alturas de la película hay que ser muy inocente para creer que el supuesto déficit de financiación es la causa de los males de la Administración, cuando se ha convertido en una extraña vestal que devora recursos sin parar.

Cuando se critica el gasto de la Administración, la izquierda siempre saca a relucir la necesidad de pagar los sueldos de médicos, enfermeros, profesores y maestros, como si, por ejemplo, los 67.000 empleados públicos que hay en nuestra región estuvieran agrupados en esas cuatro categorías.