CONCESIONES SECRETAS
El aspecto más delicado o problemático que tienen ante sí el Gobierno y el Parlamento es la situación de Cataluña. Esta afirmación vale tanto para la etapa en que era Mariano Rajoy presidente, como ahora con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. El líder socialista introdujo un cambio en las relaciones con la Generalitat, recibiendo a Quim Torra en la Moncloa y desempolvando la comisión mixta, Gobierno-Generalitat, que llevaba seis años sin reunirse. Los diputados independentistas votaron la moción de censura contra Rajoy y recibieron con un moderado optimismo la llegada de Pedro Sánchez al poder, pero más allá de la aparente cordialidad el conflicto catalán se mantiene en las mismas coordenadas en las que estaba, con la Generalitat pidiendo el reconocimiento de la independencia de Cataluña y las instituciones españolas demandando la vuelta a la senda autonomista. El conflicto se mantiene latente, mientras los dirigentes políticos hacen acopio de paciencia. En la sociedad, sin embargo, cada vez surgen más conflictos, con el famoso lazo amarillo como principal argumento para la bronca.
Lo que más me llama la atención es la calma de la que hacen gala los principales líderes independentistas tras ver cómo se suceden las semanas sin obtener ningún fruto visible de una situación tan favorable, como es la de tener en frente a un Gobierno socialista sostenido, entre otras fuerzas, por ERC y PDeCAT. ¿Qué promesas les han hecho desde el Gobierno a los dirigentes independentistas para que Puigdemont y Quim Torra no digan hasta aquí llegamos, y pongan en marcha la maquinaria institucional para reactivar la república que no llegaron a estrenar?
Quizás la respuesta a ese interrogante se pueda intuir viendo la reacción de Pedro Sánchez al intento estrafalario de la justicia belga de proceder contra Pablo Llarena por actuar con parcialidad en la instrucción de la causa que lleva en el Tribunal Supremo (TS) contra ex cargos institucionales de la Generalitat y líderes catalanistas. De forma insólita, el Gobierno dejó solo al instructor del TS para que se defienda de la demanda presentada por Carlos Puigdemont y los ex consejeros fugados. Con todo desparpajo desde el Gobierno declararon que se trataba de un asunto privado. Ante las quejas de jueces y fiscales, desde la Moncloa se matizó el posicionamiento anterior. Desde el día que Miquel Iceta equiparó a Arrimadas con los comités de defensa de la república me pongo en lo peor.