La admisión por parte de un juzgado belga de la demanda de Carlos Puigdemont y los exconsejeros fugados contra el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, ha servido para conocer la postura real que mantienen el Gobierno y los grupos de la oposición sobre el desafío del independentismo catalán. Lo más notable fue, sin duda, el posicionamiento del Gobierno cuando se declaró ajeno al problema entre el juzgado belga y el juez Llarena por tratarse de un ‘asunto privado’. Así que la maniobra de Puigdemont y sus secuaces contra el juez instructor, que ha sido asombrosamente tramitada por un juzgado belga, es un asunto privado entre unos ciudadanos catalanes y el togado Llarena. El funcionario que está realizando una labor clave en la defensa del orden constitucional contra una pandilla de sediciosos y rebeldes queda rebajado al papel de hombre de la calle que hizo valoraciones insidiosas contra unos señores. En este lance el Gobierno ha demostrado hasta qué punto está dispuesto a abandonar la defensa del Estado para mantener la alianza con los partidos independentistas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha manifestado que el Gobierno siempre estuvo dispuesto a defender la jurisdicción española y a quienes defienden a esta (Llarena), pero manejaron distintos materiales de trabajo y uno de ellos debía de ser el que proponía reducir el contencioso a un asunto particular. La realidad es que el Ejecutivo ha rectificado por el posicionamiento público de las asociaciones de jueces y fiscales y de los partidos de oposición. Ahora dice que va a defender hasta el final al juez Llarena, cuando antes imitaba a Pilatos lavándose las manos en la jofaina de la privacidad.