LA FARSA DE LOS ‘INDEPES’
El último tramo del veraneo político está marcado por la respuesta del Gobierno ante la demanda interpuesta por Puigdemont y sus secuaces contra el juez, Pablo Llarena, en un juzgado belga. Para contrarrestar las críticas compareció Pedro Sánchez ante los medios para decir que siempre van a salir en defensa de los jueces cuando se cuestiona la jurisdicción española. El presidente no expuso su parecer sobre las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y del Ministerio de Justicia, cuando señalaron que no iban a intervenir porque la pendencia entre Puidemont y Llarena era un «asunto privado». Pedro Sánchez no tuvo la gallardía de reconocer que habían incurrido en una grave metedura de pata, aunque tiempo habrá de analizar lo ocurrido cuando comparezca la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Senado para dar cuenta de su actuación. Tiene todos los boletos para ser la primera ministra del equipo socialista que resulta reprobada. Se lo merece, porque cometió el error en una cuestión de enorme importancia, alineándose con la opinión de Echenique (Podemos) y los dirigentes independentistas. Los mismos que gastaron millones de euros en la convocatoria de un referéndum ilegal se rasgan, ahora, las vestiduras porque el Estado costee la defensa legal de Llarena, el funcionario que más ha hecho por defender la legalidad española de las maniobras de los independentistas.
El intento de neutralizar al juez con una demanda espuria en Bélgica se ha vuelto contra Puigdemont y sus secuaces, al comprobarse que habían falseado las palabras pronunciadas por Llarena en la Universidad de Oviedo, motivo de la demanda. Hablando de las imputaciones de los presuntos sediciosos, Llarena dijo «si es que esto es así» y en el escrito de demanda pusieron «sí, así se ha producido». Llarena, como profesional del Derecho, no se pilla los dedos, se mueve en el terreno de las hipótesis que el procedimiento judicial debe confirmar o desechar, mientras que los independentistas le achacan que da por comprobados los delitos cuando se está en plena instrucción de la causa.
Ante la polvareda levantada con la manipulación, los demandantes le echan la culpa al traductor que pasó a la lengua francesa las palabras pronunciadas por el juez en español. Qué burdo es todo lo que hace esta gente. Hay que acabar con la política del apaciguamiento de Pedro Sánchez y utilizar las vías políticas y judiciales para acabar con la farsa de Puigdemont y Torra.