La epidemia de irregularidades en la concesión de titulaciones demuestra que la Universidad española no queda al margen de la corrupción. No quiero esto decir que en todas las universidades, facultades o escuelas técnicas se cometan irregularidades, pero tampoco todos los constructores pagan comisiones ni todos los políticos admiten sobornos y, sin embargo, nadie duda que de las relaciones entre políticos y constructores han brotado, en más de una y dos ocasiones, negocios ilegales.

El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa la peor semana de su corto mandato. Pasado el periodo de gracia de los cien días empezó la fase de pisar charcos. Tras el renuncio de Montón, llega el cuestionamiento de la tesis del presidente del Gobierno, un trabajo que, al parecer, repite textos de trabajos previos de otros autores, sin que vengan plasmados con carácter de cita. Desde la primera vez que llegó a la Secretaría General del PSOE hay un run-run sobre su tesis y la posible entrada en acción de un ‘negro’ procedente del ex equipo ministerial de Miguel Sebastián, que habría escrito la mayor parte del texto. Todo eso habrá que clarificarlo. Como todo presidente de Gobierno, tiene espontáneos defensores que pontifican sobre la necesidad de que haya un 24% de copia y pega para hablar de plagio en un trabajo de investigación. Pues bien, en la actual universidad española, cualquier trabajo de fin de grado o fin de máster de un estudiante anónimo, con que tenga unos párrafos calcados de otro texto sin justificar, queda automáticamente invalidado. Siguen vigentes las dos Españas, la de la gente normal y la elite de los poderosos con sus privilegios.