Acabar con los aforamientos o reducirlos al mínimo es una bandera supuestamente regeneradora de la vida pública defendida por Ciudadanos y Podemos. Hasta ahora la iniciativa había chocado con la resistencia del PP y la complicidad pasiva del PSOE, que con muchos cargos públicos aforados, exponían distintos argumentos para aplazarla o no llevarla a cabo. En caso de imputaciones delictivas, los aforados son juzgados en el Tribunal Supremo y en la promoción de los jueces para tan alto tribunal tienen mucho que decir PP y PSOE. En definitiva, un tribunal mucho más amable que las instancias judiciales naturales. Ahora bien, toca preguntarse si en una legislatura corta o muy corta (en la entrevista antes citada, Pedro Sánchez no se atrevió a asegurar que no haya elecciones antes de Navidades) hay que meter con calzador una reforma de la Constitución, que en caso de ser aprobada por las Cámaras, llevará a un referéndum nacional, como ya se ha anticipado a solicitar Podemos. Además, abierta la Constitución de par en par para mejorarla, surgirán otras iniciativas para introducir mercancías diferentes en su articulado y convertir la pregunta del referéndum en un variado cuestionario.

La semana horrible de Sánchez ha dado paso a una medida improvisada para que la gente deje de hablar del supuesto plagio, que es una cosa muy fea. Y como toda improvisación está llena de defectos. Ahí van dos. Tal como dicen en el entorno del presidente el aforamiento de los políticos se mantendría para actos relacionados con su cargo. En otras palabras, la corrupción estaría aforada. Por último, los diputados autonómicos quedarían aforados mientras no cambien los estatutos de autonomía.