Recapitulemos. Es bien conocido que la inversión productiva ha perdido importancia en los presupuestos estatales, autonómicos y municipales. En el caso de Asturias, la caída ha sido espectacular a partir de 2013. Con una inversión a la baja se sacan las obras a licitación y la propia Administración que organiza la subasta o el concurso subasta, se toma todo el tiempo del mundo para adjudicarlas. A partir de ahí viene la ejecución de las obras, con frecuentes retrasos, sobre todo cuando las empresas se ven obligadas a pedir ampliaciones de presupuestos por los famosos sobrecostes, un fenómeno que ocurre muy a menudo cuando la selección de las empresas se hace por el método de la subasta pura y dura, con las bajas temerarias. El resultado final es que los retrasos convierten en obsoletos los calendarios de finalización de las infraestructuras y el ciudadano aprecia cómo las promesas de los políticos se incumplen en el 90% de los casos. A todo esto, cuando el gobernante de turno habla de la ejecución de las infraestructuras suele recurrir a la épica de «los grandes esfuerzos», «avance fundamental», «día histórico»…

Los partidos parlamentarios, con la excepción del PSOE, que guarda silencio, exigen al Gobierno central que ponga solución al atraso que llevan las actuaciones. Estamos en un año especial, en que se sucede la gestión de dos gobiernos, el primero presidido por Mariano Rajoy, responsable de lo que ocurrió en los primeros cinco meses, y el segundo encabezado por Pedro Sánchez que ha tomado las decisiones en los últimos cuatro meses. Pues bien, en los dos periodos, el comportamiento de la ejecución de las infraestructuras es el mismo. No hay puntos de discontinuidad. Para los asturianos, la ley del bipartidismo nos deja a la espera de que se resuelvan asuntos de otros territorios. La larga historia de la variante de Pajares, desde 1980 hasta hoy, demuestra que ninguna coyuntura fue adecuada para rematar la comunicación con la meseta. Al iniciarse se clamaba por una infraestructura que estuviera a la altura del siglo XX. Cambiamos de siglo, y el Gobierno no se atreve a poner fecha de finalización.