Más allá del abucheo a Pedro Sánchez, que no pasa de ser una anécdota, la noticia más preocupante conocida unas horas antes de iniciarse la conmemoración de la Fiesta Nacional fue la decisión del Parlamento de Cataluña de reprobar al Rey y pedir la abolición de la Monarquía. La ocurrencia corrió a cargo del partido de Ada Colau, una formación que no es independentista, pero que hace cosas que les gustan a los independentistas. El Gobierno estudia la manera de anular esa iniciativa (no proposición de ley). Tal vez recurran al Tribunal Constitucional. Dejando a un lado ese gesto formal, el Gobierno resta transcendencia al episodio diciendo que es una mera declaración. ¿Desde cuándo las declaraciones de los parlamentos carecen de importancia?

La política de Rajoy con los independentistas se resumía en estimular el celo de fiscales y jueces. A él no le fue bien (censurado), a su partido tampoco le sirvió (se quedó con cuatro diputados en la Cámara catalana) y Cataluña sigue sin recuperar la normalidad. Sánchez ha optado por la política de apaciguamiento que consiste en diálogo y dádivas. Es muy dudoso que pueda llevarlos a la senda constitucional, pero los necesita para gobernar, porque 84 diputados no permiten tomar decisiones. Si la legislatura se prolonga, las probabilidades de que los independentistas recurran a un golpe de fuerza, como en otoño de 2017, crecen. La solución del conflicto catalán exige un Gobierno sólido en Madrid. Lo que hay ahora es una coalición de fuerzas ‘anti PP’.