El pacto presupuestario entre el Gobierno socialista y Podemos ha levantado grandes expectativas por los compromisos sociales que contiene, encabezados por el incremento del salario mínimo interprofesional en un 21% hasta llegar a los 900 euros. Entre 2016 y 2019 el salario mínimo aumentará el 33%; un porcentaje muy elevado para un país en el que apenas hay inflación. La mejora de las pensiones, de la cobertura a la Dependencia, de las becas, etcétera, conforman un cuadro expansivo del gasto público que habrá que compensar con un incremento de la recaudación fiscal y con más deuda pública. Desde hace diez años todos los ejercicios presupuestarios se cuadran recurriendo a la petición de crédito. Las conquistas sociales se disfrutan en España pasando la factura a las futuras generaciones.

Como el presupuesto tiene una música muy agradable, se da por hecho que el PSOE y Podemos contarán con el apoyo del Congreso de los Diputados, pero esa suposición no deja de ser un ejercicio de optimismo. Para aprobar las cuentas es necesario el voto afirmativo de los nueve diputados de ERC y los ocho de PDeCAT. Desde el Gobierno se confía que den luz verde al proyecto de presupuestos para no perder los 2.200 millones que van destinados para Cataluña. La fama de gente interesada y “pesetera” acompaña a los catalanes, pero ahora tienen otras urgencias. Las dos formaciones han hecho saber que no se sentarán a negociar los presupuestos si el Gobierno no logra que la Fiscalía retire las acusaciones contra los independentistas que están encarcelados por haber cometido, presuntamente, delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Es muy probable que a Pedro Sánchez le gustara satisfacer las aspiraciones de ERC y PDeCAT, pero sería un escándalo. Tras un año de instrucción del sumario, la opinión pública española no entendería que los cabecillas de la revuelta salieran de rositas tras haber transgredido flagrantemente la ley. Dejarlos en la calle sin cargos sólo se puede hacer por vía de indulto, una vez conocida la sentencia. Esa solución también tendría un enorme coste para el Gobierno.

Las condiciones políticas que exigen los potenciales aliados de PSOE y Podemos son irrealizables. Parece que estemos abocados a una prórroga de las cuentas. No obstante, Pedro Sánchez habrá ganado puntos ante la opinión pública al presentar un proyecto muy social del que no podrán disfrutar las familias humiles por el egoísmo de las minorías.