El Gobierno envió a Bruselas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. A la Comisión Europea le interesan las grandes cifras: deuda, déficit público, crecimiento, empleo, etcétera, aunque en las entrevistas con el Gobierno español, seguro que los representantes de la Comisión se interesan por la subida de impuestos, la revaloración de las pensiones o la fuerte subida del salario mínimo. Estamos en una situación política y presupuestaria un tanto especial, con un primer semestre gestionado por el Gobierno de Rajoy y el segundo gobernado por Pedro Sánchez. Rajoy hizo unas previsiones moderadas para 2019, elevando el techo de déficit público al 1,3% sobre el PIB, mientras que Sánchez logró que los burócratas de Bruselas aceptaran aumentar el desequilibrio entre gastos e ingresos hasta el 1,8%. Hubiera sido interesante conocer la razón por la cual el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, le dio al Gobierno socialista un margen más amplio para gastar cuando España es el socio europeo con mayor déficit público. Todo ello en un momento en que el Gobierno socialista tiene como socio a Podemos, que es un partido que ve el déficit y la deuda como rasgos positivos de la gestión presupuestaria. Los sectores más radicales de la izquierda siempre entienden las necesidades sociales como un cheque en blanco para endeudarse. Al final, los intereses de la deuda obligan a hacer mayores recortes sociales. El camino recorrido por Grecia en los últimos cinco años es muy aleccionador sobre el particular.