Dentro de las excentricidades, anomalías, ridiculeces y males que pueblan el actual escenario político español, está la de otorgar a la Comisión Europea el papel de juez supremo sobre los presupuestos, capaz de validar o mandar a la papelera las cuentas que se hacen y rehacen desde las capitales europeas. Es cierto que todos los gobiernos están obligados a mandar los borradores de los presupuestos a Bruselas y que, normalmente, se hace caso de sus recomendaciones, pero a no ser que alguno se comporte de una forma tan rupturista como el actual gobierno italiano, los proyectos presupuestarios siguen su curso en las cámaras legislativas de los respectivos países. La Comisión Europea no va a ejercer el papel de oposición a Pedro Sánchez, esa tarea le toca desarrollarla al PP, Ciudadanos y otros grupos. La prueba de fuego del proyecto presupuestario del Ejecutivo socialista está en el Congreso de los Diputados, ahí es dónde se van a analizar las cuentas en función de los intereses de los distintos sectores y territorios. La Comisión Europea realiza una valoración en función del equilibrio de las grandes variables, pero no le importa si se da la mayor parte del dinero a Cataluña (caminamos en esa dirección) o se distribuye racionalmente entre todos los territorios. Eso se decide en cada país.

En el trámite de enviar las cuentas a Bruselas, lo verdaderamente reseñable es el desparpajo del Gobierno al mandar un borrador que fue rechazado por el Congreso de los Diputados en el mes de junio. El hipotético aval de Moscovici no sirve para tapar el déficit de legitimidad de un proyecto que viaja por Europa con el rechazo de Madrid.