El exgerente del IRMC dijo que le había llegado el rumor de que el constructor de la obra le había regalado una casa a José Manuel Postigo, a la sazón presidente del Montepío de la Minería, y fiel lugarteniente de José Ángel Fernández Villa. Durante los últimos años, cuando todos los dirigentes del SOMA hacen leña del árbol caído de Villa, Postigo sigue dando la cara por el legendario líder del Sindicato Minero. En su testimonio, Juan Miguel Benítez guardaba una bomba de efecto retardado, al decir que la concesión de las ayudas al macrogeriático fue «extraña» y «vino impuesta por el Gobierno del PSOE». El convenio para construir el equipamiento fue firmado por el IRMC con el Montepío de la Minería en 2009, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Que el expediente del complejo residencial fue extraño no cabe ninguna duda, ya que fue la única actuación de los fondos mineros que gestionaron directamente los sindicatos. En segundo lugar, recibió una subvención pública a la que no tenía derecho porque cuando se tramitó ya estaba iniciada la obra y, para mayor desmadre, carecía de licencia municipal. En el colmo del desbarajuste se presentaron como gastos realizados para cobrar la subvención, algunos justificantes que no tenían que ver con la obra. Por si todo esto fuera poco, los proyectos que no tuvieran ánimo de lucro no podían sobrepasar la cuantía del 1% de los fondos mineros, condición que tampoco fue respetada. En la testifical del exgerente consta que Villa fue la figura clave para sacar adelante el macrogeriátrico, al utilizar su influencia con «los de arriba» para que dieran las instrucciones necesarias a los de abajo. No me extrañaría que Zapatero o el que era, a la sazón, su ministro de Industria, Miguel Sebastián, tuvieran que pasar por el juzgado.