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Juan Neira

LARGO DE CAFE

LA GESTIÓN DEL SALARIO SOCIAL

El Gobierno regional trabaja sobre las cuentas de 2019 con la idea de elevar el techo de gasto hasta los 4.031 millones de euros, 92 millones más para gastar que en el último presupuesto, si bien el borrador se hace contando que las regiones puedan tener un déficit público del 0,3%, aunque la previsión inicial era del 0,1%. Las dos décimas de diferencia significan 49 millones. En el proyecto del Principado hay una reserva presupuestaria de 124 millones para el salario social, y eso merece un comentario.

La cifra de124 millones supone un nuevo récord. Año tras año sube el salario social, vamos de máximo en máximo. Otras partidas sociales tienen tendencia a subir, aunque en algunos ejercicios descienden, pero el salario social es un caso distinto, se mantiene rígido a la baja. Se creó en 2006 con una dotación de 10 millones. Estábamos en plena burbuja inmobiliaria y la economía privada tiraba con fuerza, beneficiándose las administraciones públicas con grandes incrementos en la recaudación fiscal. Ya saben, las familias y las empresas son ordeñadas como si fueran vacas. A finales de 2008, la actividad económica se detuvo y entramos en recesión. Nuestros gobiernos (central y autonómicos) tardaron en darse cuenta, pero la caja empezó a quedar vacía y los presupuestos públicos se encogieron, menos el salario social que siguió creciendo. Al final de la crisis económica estaba en 101 millones, luego pasó a 109 millones, más tarde alcanzó los 119 millones, y en el año 2019 tendrá una partida con 124 millones. Hay 12,4 veces más de recursos destinados al salario social que en 2006 ¿Alguien puede creer que la cifra de personas necesitadas de esa prestación es doce veces superior a la de 2006, teniendo en cuenta que el censo de la región se redujo en más de 40.000 habitantes?

Tal como están organizadas las cosas, el salario social tiene el carácter de renta vitalicia. Una subvención económica que se perpetúa ante la inutilidad de la Administración para lograr que los beneficiarios puedan reengancharse al mercado de trabajo. El Principado, con 36.000 empleados públicos, no tiene unos orientadores laborales que les ayuden a ser autónomos. La gestión pública produce efectos perversos: los beneficiarios rechazan los trabajos temporales porque al finalizar el contrato les obligan a ponerse a la cola y les toca esperar muchos meses hasta volver a cobrar el salario social. Una vez más, el manto del progresismo encubre un modelo social retardatario.

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por JUAN NEIRA

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