La Fiscalía ha dado a conocer las acusaciones que defenderá en el juicio oral contra los dirigentes que quisieron convertir a Cataluña en una república independiente de España. Desde que el difunto José Manuel Maza, fiscal general del Estado, hiciera la primera valoración jurídica acusando de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos a los miembros del Gobierno de Cataluña, y de rebelión y sedición a los líderes de las entidades sociales independentistas –Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural–, la posición del Ministerio Fiscal no ha variado. No se puede decir lo mismo de la Abogacía del Estado, que a última hora ha rebajado sus acusaciones, retirando el delito de rebelión para todos los encausados, apreciando, eso sí, que hubo sedición. El cambio de criterio está relacionado con la posición del Gobierno socialista que de forma interesada se ha lanzado a decir que no aprecia rebelión en el proceder de Puigdemont y sus consejeros. La diferencia entre rebelión y sedición está en la existencia o no de violencia. La sedición es compatible con los desórdenes callejeros, mientras que la rebelión exige violencia explícita. A partir de aquí entran en juego los matices; el Gobierno y sus voceros se acogen a una interpretación reduccionista del delito de rebelión que exige la utilización de armas. La Fiscalía entiende que puede haber violencia sin que nadie haga uso de fusiles o pistolas.