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Juan Neira

LARGO DE CAFE

DE REBELIÓN A SEDICIÓN

La Fiscalía ha dado a conocer las acusaciones que defenderá en el juicio oral contra los dirigentes que quisieron convertir a Cataluña en una república independiente de España. Desde que el difunto José Manuel Maza, fiscal general del Estado, hiciera la primera valoración jurídica acusando de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos a los miembros del Gobierno de Cataluña, y de rebelión y sedición a los líderes de las entidades sociales independentistas –Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural–, la posición del Ministerio Fiscal no ha variado. No se puede decir lo mismo de la Abogacía del Estado, que a última hora ha rebajado sus acusaciones, retirando el delito de rebelión para todos los encausados, apreciando, eso sí, que hubo sedición. El cambio de criterio está relacionado con la posición del Gobierno socialista que de forma interesada se ha lanzado a decir que no aprecia rebelión en el proceder de Puigdemont y sus consejeros. La diferencia entre rebelión y sedición está en la existencia o no de violencia. La sedición es compatible con los desórdenes callejeros, mientras que la rebelión exige violencia explícita. A partir de aquí entran en juego los matices; el Gobierno y sus voceros se acogen a una interpretación reduccionista del delito de rebelión que exige la utilización de armas. La Fiscalía entiende que puede haber violencia sin que nadie haga uso de fusiles o pistolas.

De las letras pasamos a los números. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, al que califica de líder de la rebelión, así como 16 y 17 años para exconsejeros y líderes sociales de la revuelta. La Abogacía del Estado pide penas de cárcel que van desde los 12 años de Oriol Junqueras, hasta los 8 años para los dirigentes de entidades sociales.

Para los partidos independentistas la dulcificación de las acusaciones, por parte de la Abogacía del Estado, no aporta nada. Quieren que a los encarcelados se les ponga en la calle porque son inocentes. Santos inocentes. Más complicaciones para que Pedro Sánchez siga contando con el apoyo de los diputados independentistas. Si hubiera una sentencia condenatoria, la decisión de indultarlos tendría un coste tremendo para el Gobierno. Mientras tanto, Junqueras y compañía saben que les queda poco tiempo de estar en prisión. Son residentes en establecimientos penitenciarios catalanes, así que tras la sentencia les aplicarán el tercer grado. Por algo gobiernan las prisiones.

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por JUAN NEIRA

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