Impresionante manifestación en defensa de los puestos de trabajo en Alcoa. Hacía mucho tiempo que no se veía una movilización así por el intento de cierre de una fábrica. La solidaridad de los avilesinos con los trabajadores ha sido absoluta, tal como esperaban, en la víspera, los miembros del comité de empresa. La respuesta en la calle fue, aún, más lejos y se convirtió en una movilización regional. Quedó comprobado que el cierre unilateral de Alcoa afecta a Asturias entera. Si los dueños de la planta trataban de reducir el problema a un mes de consultas con los representantes de los trabajadores, el intento ha sido baldío, porque el resto de problemas de la región han pasado a un segundo plano, y toda la opinión pública está volcada en el desarrollo del conflicto.
Todos los asturianos, de una manera más o menos nítida, somos conscientes de que el progreso de la región, lo que nos ha distinguido de los territorios limítrofes al nuestro, es el nacimiento y el desarrollo de un sector industrial potente, impulsado inicialmente por la riqueza de nuestro subsuelo. Carbón, acero, zinc, aluminio, cobre, etcétera. Así pasó Asturias de la cola a la cabeza de España en poco más de medio siglo. Las industrias son el orgullo de la región y su cierre, o la deslocalización de sus producciones, provoca zozobra. Esta percepción se mantiene inalterable con el paso del tiempo. El grito unánime de «Alcoa no se cierra» es un eco lejano de aquel, «salvar Ensidesa es salvar Asturias», que también se oyó en Avilés, aquella mañana dominical del 27 de febrero de 1978. Pasaron cuarenta años y la gente se mantiene fiel a su industria.
Los intereses de los trabajadores, la viabilidad de Alcoa y el futuro de las industrias electrointensivas asturianas están en manos del Gobierno de Pedro Sánchez. La interlocución con las multinacionales corresponde a las mismas ministras que, hasta ahora, fueron incapaces de rebajar la factura eléctrica. En el caso de la avilesina planta de Alcoa no debe andar lejos de los 60 millones de euros anuales. Pero no nos engañemos, la disputa está en un momento crítico.
Dentro de 22 días pueden desde Pensilvania mandar a la calle a toda la plantilla. En ese plazo tienen que ser eficaces las ministras. Voy a decirlo más claro: o logran en diez días sentar en la mesa de la negociación a la empresa para buscar alternativas de futuro, o deben lanzar un órdago. Si son tan valientes con los bancos no veo motivo para que tiemblen ante los reyes del aluminio.