Una cantidad de dinero muy elevada de la que no saca ningún beneficio la sociedad. Es importante subrayar que la ciudadanía no obtiene ninguna ventaja, porque es ella la que financia todo ese montón de dinero con el pago de los impuestos. Hace muchos años que ningún político levanta la voz por los sueldos que tiene que pagar la Administración. Nadie discrepa, ni los que están en el Gobierno ni los que se sientan en los escaños de la oposición. Gobierno y Parlamento acatan las exigencias económicas y sociales del personal que trabaja en la Administración autonómica. La carrera profesional no retribuye nada. Se cobra por acumulación de años de servicio y la verificación de algunos requisitos muy fáciles de cumplir ya que todo el personal disfruta de ese complemento. La generalidad de los políticos y los funcionarios saben que es un paripé, pero está prohibido criticarlo en público.

Javier Fernández no despejó la incógnita sobre la elevación del impuesto sobre las hipotecas, demandada por IU. Se limitó a decir que sólo aportaría 3,6 millones de euros, así que no estamos en un paraíso fiscal. Que compare el tramo autonómico del IRPF con el de otras regiones y, luego, hablamos. Hace falta que algún grupo político se atreva a discrepar de esta ceremonia de la confusión para que se vea que la carrera profesional de unos conlleva la carestía de las hipotecas de otros.