Tal parece que la IU asturiana, frecuentemente tan sensata, ha comprado el demencial mensaje de Pablo Iglesias en la noche electoral, cuando decretó una «alerta antifascista», en vez de explicar cómo Adelante Andalucía, la candidatura de Podemos e IU, había perdido tres escaños y 300.000 votos. Zanjar el encuentro con la Fade porque habían cambiado impresiones con la gente de Abascal es similar a aquel intento de Iglesias, en el invierno de 2016, de no negociar con Pedro Sánchez si se sentaba a hablar con Ciudadanos. Al final, el veto se volvió contra él como un boomerang. Más tarde o más temprano los representantes de Vox hablarán con todos los partidos asturianos y, entonces, los dirigentes de IU y Podemos se convertirán en excepción. Los cinturones sanitarios funcionan en Cataluña, donde la intolerancia se practica desde el poder, pero en Asturias, tierra pacífica y plural, resultan un despropósito.

Me llama poderosamente la atención la ligereza con que los mismos partidos que pactan con los independentistas que infringen gravemente la legalidad, acosan a los adversarios políticos y alteran el orden público, se rasgan las vestiduras porque un grupo de ideología distinta entre en un parlamento autonómico gracias al voto de 370.000 personas. A Vox hay que aplicarle la ley como a los demás grupos, pero no caben sentencias inculpatorias de carácter preventivo. Hasta la fecha no vimos a la gente de Vox convocando concentraciones delante de la sede del Tribunal Supremo ni dando cobertura a Nicolás Maduro. Sin embargo, sí estuvieron en Alsasua solidarizándose con la Guardia Civil que había sido salvajemente atacada por la mafia del lugar. Pongamos las cosas en su punto justo: juzguemos a los políticos por sus actos no por nuestros prejuicios.