Los grupos independentistas, ERC y PDeCAT, han anunciado que presentarán sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Ambos partidos políticos esperaban medidas positivas del Ejecutivo socialista respecto a los políticos acusados de rebelión y el desbloqueo de la autodeterminación para Cataluña. ERC había presentado tres exigencias: detener las medidas represivas con los políticos encarcelados (ponerlos en libertad condicional), retirar la imputación de rebelión por parte de la Fiscalía y constituir una mesa de negociación bilateral para negociar la autodeterminación en la que tendría que haber un mediador que garantizara los acuerdos.

Dentro de una semana empieza el debate presupuestario con la discusión y votación de las enmiendas a la totalidad. Es posible que ERC y PDeCAT hayan anunciado el rechazo a las cuentas como una medida de presión para obtener ventajas y, a la hora de la verdad, retirar las enmiendas anunciadas. Puede que obtengan nuevas concesiones en las partidas del presupuesto (en el proyecto del Gobierno las inversiones en Cataluña crecen el 66% con respecto al pasado año), pero en lo tocante a las acusaciones de la Fiscalía y al quimérico derecho de autodeterminación es imposible que logren ningún avance. El escándalo político sería mayúsculo y el Gobierno tendría que dimitir. Los dirigentes independentistas viven en una nube alejados de la realidad y no son conscientes de los condicionantes que tiene para decidir un Gobierno que se apoya en un grupo parlamentario de 84 diputados. Tardá, Rufián y compañía no se dan cuenta que más del 80% del electorado socialista no quiere la independencia de Cataluña y se sentiría traicionado si el Gobierno rebasara los límites que marca la Constitución para el autogobierno de las regiones.