NEGOCIAR LA INDEPENDENCIA
La amenaza de los partidos independentistas catalanes de presentar enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado ha servido para que a las veinticuatro horas el Gobierno les hiciera nuevas concesiones políticas. El Ejecutivo acepta el planteamiento negociador que propugnan Quim Torra y Carlos Puigdemont: dos mesas de diálogo, una entre los gobiernos de España y Cataluña, y la otra formada por partidos políticos, en la que habría un mediador. Los independentistas prefieren para esa función a alguien del extranjero. Las mesas de partidos eran algo muy habitual en los primeros tiempos de la transición a la democracia, antes de celebrarse las primeras elecciones generales de junio de 1977. En la actualidad, con la arquitectura institucional del Estado completada, las mesas de partidos para proponer cambios institucionales, sobran. La figura del mediador internacional resulta irritante, porque es propia de países que carecen de cauces de diálogo y necesitan recurrir a un hombre de paz para llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia.
Pedro Sánchez acepta el mediador, pero le cambia de nombre: relator. Quiere rebajar su papel; no se trataría de alguien que propone, sintetiza, matiza, sino de un mero escribiente. Un narrador de lo que ve y oye; una especie de secretario que comunica las convocatorias de las reuniones a las partes y levanta acta de lo hablado. Sánchez acepta pagar ese peaje con tal de aprobar los presupuestos de 2019. Debe aclararse que la mesa de partidos versa sobre el futuro de Cataluña y los independentistas quieren que se acuerde un referéndum de autodeterminación para perfeccionar la consulta del 1 de octubre de 2016. También conviene saber que ni el PP ni Ciudadanos ni la Candidatura de Unidad Popular (CUP) piensan acudir a las reuniones, dejando la mesa de partidos en una baraja a cuatro manos: PSOE, Podemos, ERC y PDeCAT. Para acabar de liarla, los socialistas van a estar representados por Miquel Iceta, con lo que habrá que nombrar otro relatormediador que tenga como único fin advertir a los negociadores cada vez que proponen cosas que son abiertamente anticonstitucionales.
Hace tres o cuatro años, nadie hubiera imaginado que la estabilidad del Gobierno de España pudiera pasar por unas coordenadas tan extravagantes. Habiendo una amplia mayoría constitucional en el Congreso de los Diputados no hay derecho que se haga depender el bien común de unos visionarios antisistema.