Por primera vez en lo que va de mandato la oposición llama a la movilización popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La introducción de un mediador (‘relator’) en las negociaciones de la mesa de partidos sobre el futuro de Cataluña ha colmado la paciencia del PP, Ciudadanos y Vox. Es conocido que Quim Torra pide una negociación entre Cataluña y el Estado presidida por una figura extraída de la amplia nómina de personajes destacados que hay en la esfera internacional. Las formas prefiguran el fondo: al aceptar las peticiones de los independentistas, el Gobierno de España pierde toda la jerarquía que le da el ordenamiento jurídico sobre los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y queda sometido a la coordinación de un individuo completamente ajeno a nuestro país que tendrá la facultad de moderar la negociación. Un ciudadano extranjero colaborando en la toma de decisiones sobre asuntos de la máxima importancia para España. En resumen: bilateralidad, diálogo entre iguales y arbitraje internacional, todo ello en detrimento del Congreso de los Diputados, que es el lugar donde se puede validar cualquier cambio de la legalidad. Es difícil de saber qué es lo más grave en el proceder del presidente del Gobierno: otorgar un poder a los independentistas catalanes que no les corresponde o marginar a instituciones básicas de nuestro sistema democrático como las Cortes Generales. Y todo ello por el plato de lentejas de la aprobación presupuestaria. ¿Merece la pena sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado al precio de retorcer la legalidad para contentar a los partidos que quieren romper nuestro sistema de convivencia? Es evidente que no. Resulta increíble que haya que recordar a Pedro Sánchez que el Gobierno no puede obtener beneficios a costa de erosionar al Estado. Los procedimientos de los que se valen los grupos antisistema no pueden ser aceptados por el presidente de los españoles.